Manifestaciones Sumaron Nuevas Víctimas Mortales En Mérida

VENEZUELA | Derechos Humanos (Mérida – MIE.26.ABR / ESPECIAL Por: Intichurin Iskaywari) – Al igual que ocurre cada vez que la situación (siempre tensa de por sí) se recrudece en Venezuela y se generan víctimas achacables al enfrentamiento político, los medios de comunicación en España (y otros países en la jugada), se vuelcan por completo a convertirse en altavoces de la oposición venezolana, sin que les importe tergiversar e incluso mentir descaradamente sobre la situación. Especialmente sucede si, como estos días, buscan desesperadamente tapar las vergüenzas nacionales. Tratamos a través de este artículo mostrar la verdad de lo acontecido ayer en una “manifestación pacífica de la oposición” en la ciudad de Mérida, donde dos ciudadanos han perdido la vida y otros cuatro se debaten entre la vida y la muerte, todos por arma de fuego y, sí, aunque no lo creas, todos chavistas.

Tras los hechos acontecidos este pasado 24 de abril de 2017, son ya 29 los asesinados en lo que va de mes, desde que la oposición venezolana está llamando de nuevo a subvertir el orden en las calles, siguiendo los pasos establecidos por el manual realizado por Geene Sharp. Pero en este artículo pretendo limitarlo estrictamente a lo que he podido vivir en mi propia experiencia y por lo tanto, está contrastado de primera mano: la jornada de ayer en la ciudad de Mérida tras la convocatoria de la derecha a realizar un “Plantón Nacional”. Para contextualizar, es necesario aclarar que Mérida es una ciudad andina diferente a cualquier otra venezolana tanto por características geográficas (está situada a 1600msnm), como climatológicas (clima frío y rodeada de montañas nevadas), culturales (con gran arraigo migratorio europeo) y con un marcadísimo arraigo católico. En ella ejercen un férreo control social la Iglesia Católica y la Universidad de Los Andes (controlada por completo por la oligarquía ultraderechista).

En los últimos días, el ambiente ha sido preparado con minuciosidad desde los estamentos de poder en la ciudad, especialmente desde la trilogía conformada por el alcalde opositor Carlos García y su aliado cabecilla del Transporte Público (que en realidad es un servicio privado), el Cardenal ultraderechista Baltazar Porras, y el rector de la ULA Mario Bonucci. Sin ánimo de alargar este articulo, creo que sirven como ejemplo los siguientes tuits:

En esta coyuntura se ha desarrollado progresivamente en las últimas semanas un ambiente de calentamiento de la calle, con autobuses quemados por parte de movimientos estudiantiles de derecha, paros estudiantiles y de transporte, y llamados a la protesta continua callejera contra el gobierno nacional. Ese clima progresivo de acciones terroristas, ha logrado su punto álgido en la jornada de ayer con el balance de daños descrito al inicio de este artículo. Tras el descarado y macabro pronóstico del líder opositor Henry Ramos Allup que habló de “víctimas potenciales en las próximas protestas”, se convocaba el día de ayer a un “Gran Plantón Nacional” en el que pedían a sus seguidores que obstaculizaran el libre tránsito de los ciudadanos para impedir que pudieran acudir a sus puestos de trabajo y se consiguiera paralizar de nuevo el país. Esta estrategia se hace al margen de los sindicatos y con nulo apoyo de la clase obrera, lo que les impide convocar oficialmente una Huelga General, y les obliga a utilizar el miedo y la intimidación entre ciudadanos para lograr su objetivo de seguir osbtaculizando el desarrollo normal del país demostrando su complicidad con la difícil situación económica y social que siguen tratando de capitalizar políticamente.

Es en este escenario que se desarrollaron los cruentos hechos de este 24 de abril. Tras el cierre de las principales vías con quema de neumáticos e intimidación a los transeúntes, desaparición por completo del transporte público y cierre de la mayoría de negocios más por miedo que por convicción, una mayoría antichavista comenzó a conglomerarse (sin solicitar autorización oficial para la manifestación) en las inmediaciones del viaducto que unía a la masa opositora concentrada con el acceso al edificio oficialista de la Gobernación de Mérida, el cual llevan amenazando mucho tiempo con ir a quemar. Ante esa situación (que no es la primera vez que se produce), defensores del chavismo acumularon fuerzas al otro lado del viaducto para impedir el paso y proteger así la institución regional. La confrontación no tardó en producirse cuando una importante cantidad de opositores comenzó a amagar con cruzar el puente y la respuesta del chavismo fue acudir a impedirlo, no tardaron en volar las piedras y los morteros (lanzamiento de cohetes habitual entre los opositores al más puro estilo minero).

En ese enfrentamiento, los chavistas cayeron en una emboscada al perseguir a quienes les habían enfrentado hasta dentro de una urbanización. Es desde uno de los balcones de esta urbanización desde donde llovieron las balas terminando con un muerto al instante y cinco heridos graves, casualmente todos trabajadores de la gobernación (no tan casual si se entiende que es la segunda institución con más trabajadores de toda la región tras la inmensa Universidad de Los Andes). Están en proceso las investigaciones pertinentes pero todo apunta a que fue una emboscada preparada para que un francotirador se luciera (dado que casi todos los disparos impactaron en la cabeza de las víctimas). Cabe destacar que, como siempre, las fuerzas regulares del orden decidieron no intervenir para no entregar en bandeja las tan ansiadas internacionalmente imágenes de represión gubernamental hacia una protesta “pacífica”.

A pesar de que los medios de derecha intentaron capitalizar una de las víctimas por el hecho de ser estudiante, lo cierto es que se trata, como el resto, de un trabajador de la Gobernación Socialista de Mérida, que a esta hora sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Además, impidieron el tránsito de vehículos sanitarios (respetados en cualquier conflicto bélico mundial), destrozaron por completo una estación del servicio público de Trolebús, asediaron un colegio y quemaron una unidad policial destinada a dar servicio únicamente al apoyo a niños, niñas y adolescentes. A nivel nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció el restultado de pérdidas materiales por un valor de 100.000 millones de Bolivares (equivalente a más del doble del presupuesto anual de la Gobernación del Estado Mérida).

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