La interrupción voluntaria del embarazo en Venezuela

VENEZUELA | SICCI (Caracas – MAR.31.MAYO / Redacción Prensa RIAS y ADNalt) – El proceso de transformación conocido como Revolución Bolivariana ha significado grandes y profundos avances para las mujeres. La Constitución de la República, escrita en lenguaje no sexista, plantea el reconocimiento del trabajo doméstico como parte de la economía del país (Art. 88) y el derecho de las mujeres a decidir cuántos/as hijos/as tener (Art. 76). Así mismo, las mujeres cuentan con instrumentos como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y la Ley de Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (2007), entre las más destacadas.

La realidad cotidiana de las mujeres se ha visto transformada con el acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través las Misiones Sociales, donde las mujeres constituyen el 60% de la matrícula. El mejoramiento de las condiciones materiales de vida con la Gran Misión Vivienda Venezuela y el acceso a la salud con la Misión Barrio Adentro son algunos ejemplos. Se destacan el Plan Mamá Rosa 2013-2019 -Plan para la Igualdad y la Equidad de Género- y el Plan Nacional para la Protección de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos de las Mujeres 2014-2019. Estas iniciativas expresan la voluntad política del Estado venezolano para la promoción y ejecución de las políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos.

No obstante todos estos logros, en Venezuela existe una legislación totalmente restrictiva en relación al aborto. Las mujeres que abortan y el personal médico o toda persona que haya participado en su procedimiento y/o realización, pueden ser sancionadas con judicialización y prisión. Sin embargo, en el último Congreso Nacional de las Mujeres que se realizó en Caracas (marzo de 2015), 3000 mujeres plantearon entre los acuerdos de la resolución final: “Impulsar un debate nacional sobre la despenalización del aborto”. Este posicionamiento, clave para la ampliación de los derechos de las mujeres, fue acogido en la alocución del presidente Nicolás Maduro en la clausura del Congreso: “No le tengamos miedo a ningún tema, todos deben ser debatidos: la protección de la mujer embarazada, el embarazo precoz, el aborto, el matrimonio igualitario. No le tengamos miedo a nada, tengamos confianza en los valores que hemos construido”.

Pero todavía en Venezuela el tema del aborto es un tabú, a pesar de que es muy difícil encontrar un/a venezolano/a que no conozca alguna mujer que se haya practicado un aborto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que 42 millones de mujeres se practican un aborto por año en el mundo. Esta cifra es resultado de los registros en países donde el aborto es legal o está despenalizado, sumada a una estimación en los países donde su práctica es clandestina (como Venezuela). Por otra parte, 70 mil mujeres mueren cada año en el mundo a causa de las complicaciones por abortos inseguros, lo que corresponde aproximadamente a un 13% de las 600 mil muertes maternas que se producen anualmente. En Venezuela, esa cifra correspondería a aproximadamente una muerte semanal.

La Red de Información por el Aborto Seguro (RIAS) de Venezuela, es una plataforma de diversas colectivas e individualidades feministas y chavistas a nivel nacional que luchan por el Derecho a Decidir de las Mujeres, socializando información certificada por la OMS sobre la práctica del aborto con Misoprostol mediante la línea telefónica “Aborto Información Segura”. A pesar de la dificultad para encontrar información sobre el aborto en Venezuela, producto de la atención en la línea y de una breve encuesta que se realiza a las usuarias, para el año 2014 RIAS generó estadísticas.

Estas cifras desmienten los mitos construidos: el 52% de las mujeres que llaman tienen edades comprendidas entre los 21 y 30 años; el 64% de las usuarias han finalizado los estudios de secundaria y un 16% cuentan con estudios universitarios; un 38% están insertas en el mercado laboral, pero un porcentaje igual de importante, 37%, no trabajan y sólo se dedican a los estudios. Un 60% indicó no tener ningún/a hijo/a por el momento, del 40% restante que sí reportó tenerlos/as, un 52% indicó tener sólo uno/a, un 36% indicó tener sólo dos, un 10% indicó tener tres y un 2% reportó tener cuatro o más hijxs; el 70% declaran mantener al momento una relación estable y el 82% manifestó no haber tenido experiencia de un aborto previo. Sobre las razones para tomar esta decisión, el 33% manifiesta que lo hace porque no estaba planificado, otro 33% considera que sus condiciones económicas no son las ideales para tener una/o hija/o.

Estos datos reflejan una realidad que desmonta los prejuicios con base en los que se criminaliza el aborto y demuestran que son mujeres de todas las edades, la mayoría con pareja y por múltiples motivos las que deciden abortar. Incluso, algunos motivos lejos de ser un acto de irresponsabilidad, muestran altos niveles de conciencia sobre lo que significa la maternidad.

Aunque el aborto no está legalizado en Venezuela, cientos de mujeres deciden abortar todos los días de manera clandestina. El hecho de no reconocer públicamente la realidad del aborto trae múltiples problemas para la vida de las mujeres y para la construcción de una sociedad más igualitaria, al no existir información oficial sobre la cantidad y las condiciones en que las mujeres se practican abortos en el país. Del mismo modo, la ausencia de información verdadera y certificada respecto de los métodos para la interrupción voluntaria del embarazo, provoca que la inmensa mayoría de mujeres que abortan lo hagan de manera incorrecta, poniendo en riesgo su salud.

Por otro lado, mientras el aborto sea ilegal en Venezuela, se desarrolla un gigantesco mercado clandestino (que va desde intervenciones quirúrgicas inseguras hasta la comercialización de cualquier medicamento en manos de redes de narcotráfico). A diferencia de otros países, donde es más fácil acceder al misoprostol con recetarios médicos en el mercado farmaceútico, el acceso al misoprostol en Venezuela es fundamentalmente a través de un mercado ilegal, administrado por pequeños comerciantes o redes de tráfico de drogas. En este sentido, RIAS ha notado con alarma la diversificación y peligrosidad de las redes clandestinas de comercialización del Misoprostol, con la profundización de la Guerra Económica y el desabastecimiento de productos farmaceúticos, los valores de la pastilla se están colocando hasta 50 veces más de su costo real.

Es importante recordar que el contexto en el que las mujeres acceden al misoprostol es de mucha zozobra y desinformación, consecuencia de la negación pública a sincerar la realidad sobre el aborto. Los vendedores aprovechan esta situación para ponerle precio especulativamente. De la misma forma, venden y distribuyen engañosamente medicamentos que no son los adecuados para un procedimiento de aborto con pastillas, suponiendo riesgos a la salud de las mujeres y obligánolas a recurrir nuevamente al mercado clandestino en búsqueda del medicamento correcto para lograr la interrupción del embarazo.

Aunado a esto, la población venezolana se enfrenta a otro flagelo: la multiplicidad de informaciones sobre el uso del misoprostol. Los vendedores clandestinos de pastillas, que tienen como único objetivo vender cada vez más pastillas a valores cada vez costos más elevados, se dedican a informar de manera errónea cómo debe tomarse.

El negocio del aborto en clínicas clandestinas tampoco es garantía de un aborto seguro, pues suele resultar en una gran estafa para las mujeres. Las ganancias que el negocio del aborto genera constituyen una importante suma en los países donde el aborto es restringido. En el caso de Venezuela, un aborto realizado en una clínica oscila entre 80 y 200 mil bolívares.

Una guerra en contra de las mujeres

La llamada Guerra Económica que vive Venezuela y la Revolución Bolivariana se sustenta en el desabastecimiento y acaparamiento de bienes de primera necesidad, el contrabando masivo de alimentos, medicinas y combustible a otros países, la manipulación financiera y la especulación inducida, entre los factores más relevantes.

Posee un impacto diferencial en las mujeres, que a largo plazo puede implicar grandes niveles de desigualdad, como el aumento en la tasa de natalidad, que se materializa cotidianamente en la dificultad para obtener cualquier método anticonceptivo, ya que los preservativos han sufrido aumentos desproporcionados y las pastillas anticonceptivas han desaparecido de las farmacias, producto de la Guerra y el cerco impuesto por las empresas farmacéuticas.

En Abril de 2016, RIAS informó que debido a un aumento importante de las llamadas (de 12 a 100 diarias en un año) lanzarían dos nuevas líneas de atención (a través de los 0414-491-67-47 y 0412-933-23-64) y declararon: “los convocamos a todos y a todas, medios de comunicación alternativos y oficiales, colectivos, instituciones, centros educativos, consejos comunales, comunas, familias convencionales y no convencionales, a asumir una tarea que es colectiva: convertir la educación para la salud sexual y reproductiva en una verdadera herramienta de liberación que nos permita a todos y todas decidir con libertar sobre nuestros cuerpos. Que esta tarea atraviese el estado, rompiendo con las trabas que impiden que nos pronunciemos en favor del derecho a decidir.”

RIAS ha manifestado que la legalización del aborto seguro es un logro sólo posible en el contexto del proceso revolucionario que vive Venezuela, más aún luego de las declaraciones del Presidente de la República donde invita a debatir el tema del aborto. Expresaron que “en este momento de definiciones de la Revolución, consideramos necesario sentar posición por la profundización de la revolución cultural, asumiendo el peso real de nuestra lucha: para eso apostamos por reivindicaciones concretas como la liberación del derecho a decidir sobre los cuerpos de la mujer.”

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