Eurodiputados debatieron situación de perseguidos por Estado colombiano

BELGICA / SICCI (Bruselas – JUE.25.FEB / Aporte PrensaRural.org) – El pasado 23 de febrero de 2016, en el Parlamento Europeo sede de Bruselas -Bélgica-, con el auspicio de los Eurodiputados Marina Albiol y Javier Couso de la Izquierda Unida GUE/NGL, se realizó una audiencia sobre “El proceso de paz en Colombia: progreso de las negociaciones en La Habana”.

El evento contó con la numerosa asistencia de refugiados, inmigrantes y residentes colombianos en Bélgica y otros países de Europa y con las intervenciones del abogado español Enrique Santiago, asesor legal en la mesa de diálogo para la paz de La Habana; David Ravelo, activista defensor de DDHH encarcelado (a través de un audio-grabación); Diego Martínez, de la Organización Censat Agua Viva; Hugo Orejuela, de la Organización Constituyentes por la Paz; y Jeison Pava, quien intervino en nombre del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos.

La Audiencia en el Parlamento Europeo se realizó días después de que se conociera una Carta Abierta, fechada el 8 de febrero de 2016, que le fue enviada a Humberto de la Calle Lombana, jefe de la delegación de paz del gobierno colombiano, y a Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- En dicha carta, difundida ampliamente por la prensa alternativa, la Constituyente por la paz de los exiliados perseguidos por el Estado colombiano manifiesta a las delegaciones de paz de ambas partes su irrestricto apoyo al proceso de conversaciones en La Habana y su beneplácito por los acuerdos alcanzados, reiteran una vez más su reclamo y exigencia de que sean recogidas, discutidas y reconocidas las propuestas y peticiones que en distintas oportunidades se han enviado a la mesa de conversaciones de La Habana.

La Constituyente por la paz de los exiliados perseguidos por el estado Colombiano se refiere en concreto al punto quinto sobre víctimas acordado en la mesa de conversaciones (específicamente en su aparte 5.1.3.5 -Procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior-) del “Borrador Conjunto” del 15 de diciembre de 2015 (página 54 y siguientes), valorando su alcance como un avance en el reconocimiento de los derechos en general de las víctimas en el exterior.

No obstante se desconoce en dicho documento la existencia y por ende los derechos de las miles de víctimas que se encuentran fuera del país como desplazados forzados por diferentes razones no consideradas en el documento en mención, tales como: dirigentes sindicales, concejales, diputados, líderes cívicos, defensores de derechos humanos, docentes, servidores públicos, dirigentes estudiantiles, dirigentes agrarios, familias de asesinados, desaparecidos, amenazados de muerte quienes para salvar sus vidas se vieron obligados a abandonar el país a causa del conflicto armado.

“Nuevamente expresamos a ustedes que no nos sentimos amparados por la Ley 1448 de 2011 (tramitada y aprobada unilateralmente sin la participación de las víctimas, ni de otros actores del conflicto) la cual ignora completamente a las víctimas en el exterior, a las que escasamente alude en su artículo 204, para establecer el deber del Estado de informarlas y orientarlas en sus derechos, sin tener en cuenta las circunstancias especiales que las rodean. Ni tampoco por el decreto reglamentario 4800 de 2011, articulo 149, que no contempla el desplazamiento forzado externo como un hecho víctimizante y susceptibles de reparación”.

Estas peticiones y propuestas fueron nuevamente expuestas en la audiencia realizada en el Parlamento Europeo por Hugo Orejuela, quien intervino en nombre de La Constituyente por la paz de los exiliados, pidiendo una vez más que este importante sector social y político sea tenido en cuenta en la mesa de La Habana, en la discusión e inclusión de sus plenos derechos económicos, sociales y políticos.

La Constituyente por la paz de los exiliados perseguidos por el Estado colombiano seguirá movilizándose en la lucha por la paz con justicia social y en defensa de sus derechos sociales, económicos y políticos.

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