De censura califican fallo judicial contra Sang Ramírez

SICCI (Ibagué, Colombia – DOM.17.ENE / Prensa El Nuevo Día) – La Jueza Novena Penal Municipal de Ibagué condenó por segunda vez a un periodista en Ibagué por el delito de injuria. La Flip se pronuncia y condena el hecho y lo califica como acoso judicial y censura indirecta.

Tras una minuciosa reportería, Sang Ramírez puso en evidencia algunas irregularidades que rodearon el proceso contractual llevado a cabo por la Caja de Compensación Comfenalco para la compra de 20 mil kits escolares y que después fue entregado a la fundación. El coordinador legal de la Flip, Camilo Giraldo, abogado de Sang Ramírez calificó la decisión como una censura indirecta contra los periodistas y la libertad de expresión. De acuerdo con la lectura del fallo, Sang, a través de cinco publicaciones y después de efectuar una reportería minuciosa: solicitud de información a través de derechos de petición, entrevistas a fuentes y visita a la sede ONG Mundo Verde cuestionó si una ONG que manejaba cuantiosas sumas de dinero debía tener como domicilio una tienda de barrio.

Para la Fiscal 41 el periodista “quiso desacreditar el actuar de la persona jurídica Fundación Mundo Verde y de su representante legal, Óscar Francisco Jamargo Márquez, premeditando la inexistencia de la fundación hecho que quedó desvirtuado, pues la fundación tiene vida jurídica como se demostró en el certificado de representación legal expedido por la CCI”. La jueza Buitrago Bustos centró su dictamen en las expresiones empleadas en las notas, sin pronunciarse de fondo sobre los cuestionamientos hechos por el comunicador a través del periódico EL NUEVO DÍA.

La Jueza hizo referencia a expresiones como “fundación de papel” que la conllevó a concluir que “Jason Sang Ramírez actuó con dolo, pues en las publicaciones que realizó a través del diario EL NUEVO DÍA de esta ciudad, puso en tela de juicio de manera reiterada la existencia legal de la fundación Mundoverde, manifestando que la misma era una fundación fantasma, de papel pese a tener en su poder el certificado de existencia representación legal de la entidad sin ánimo de lucro, documento que fue objeto de circulación”, señaló como argumento.

Además, reiteró que “en todo caso de ser ciertas dichas incriminaciones, lo prudente era haber acudido a las autoridades competentes para que se encargara de investigar y no darlas a conocer públicamente a través de un medio masivo de comunicación cuyo contexto utilizó palabras y calificativos con indiscutible vocación para lesionar el bien público tutelado (derecho a la honra y el buen nombre) que a juicio de la funcionaria judicial fueron espontáneos, claros y contundentes”.

No obstante, el abogado de la Flip, Camilo Giraldo, no comparte la tesis al indicar que la expresión “fundación de papel” se efectuó en el contexto de que efectivamente sí existía la ONG como se dejó constancia en las notas y según el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Ibagué. Y sostiene que la verificación y reportería efectuada por Sang Ramírez que lo llevó a visitar la sede de la ONG y una vez en la dirección que coincidía con el documento expedido por la CCI y donde efectivamente se encontraba en funcionamiento una tienda, no le dejó más opción que concluir lo que es hoy objeto de discusión. El profesional argumenta que en el ejercicio efectuado por Sang le era lícito hacer esa afirmación.

Además, y como fue expresado por el exdirector del periódico EL NUEVO DÍA, Antonio Melo Salazar, dicha expresión es empleada recurrentemente en el medio periodístico.

“La real malicia”Según la Jueza Novena Penal municipal, increpó que el contrato suscrito con Mundo Verde no fue objeto de investigación por parte de ningún órgano de control. “Hasta la fecha el mencionado contrato haya sido objeto de sanción por parte de los entes de control como tampoco opera un proceso penal por estos hechos demostrándose de esta manera la verdadera intención del señor Sang Ramírez al poner en conocimiento público con sus juicios valorativos que la fundación Mundo verde no existía, que la actividad no estaba ajustada a la normatividad de contratación y que detrás de la misma estaba el señor Óscar Francisco Jamargo Márquez”.

Pero Giraldo argumentó que “obviamente al periodista no se le puede pedir la verdad absoluta de todo y viene la discusión de si el periodista puede errar, pero siempre y cuando haya obrado en buena fe que es el caso de Jason. Para la Flip que creemos que lo que dijo fue lo que encontró en su reportería ya si a los afectados les parece que eso era mentira o eso no era así, más allá de estudiar si cometió un error o no, es por qué el periodista dijo lo que dijo, porque si se hubiera probado que Jason inventó lo que dijo con todo el interés de dañar la reputación de la fundación y las personas afectadas por las notas a nosotros como fundación nos quedaría muy difícil asumir un rol. “Pero cuando el periodista en el caso de Jason hizo una reportería juiciosa que no fue una nota sino que fueron varias durante tanto tiempo, que incluso siguió los parámetros que seguía para otras investigaciones porque no era la única que él tenía y si él llegó a las conclusiones que llegó lo hizo porque tuvo una reportería juiciosa y creo que el mensaje es ese que la gente entienda que el periodista se le debe medir por su capacidad de reportería sobre todo y su claridad al momento de explicar las notas, pero no esperar al menor error para meterlo a la cárcel”, puntualizó.

Jueces son reacios a leer la libertad de expresión

El coordinador legal de Flip, Camilo Giraldo, sostiene que al interior de la rama judicial hay cierto interés de entender que no se usa el derecho penal en casos para dialogar con los medios de comunicación. “La Corte Constitucional ha sacado sus sentencias que dan una luz, la Corte Suprema con la sentencia 10 de julio de 2013 también aceptó estándares donde reconoció que aquí no se puede usar el derecho penal. La Flip ha trabajado con la Fiscalía y tenemos algunas experiencias exitosas donde los fiscales piden archivar los procesos porque aceptan estándares internacionales.

Pero hay sectores en la sociedad que se resisten a entender que la forma de dialogar con un periodista y el medio de comunicación no es a través del derecho penal. Hay sectores de la rama judicial que están muy reacios a leer en clave la libertad de expresión y asumir las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana De los Derechos Humanos”, puntualizó.

Un fenómeno que crece

Según la Flip en Ibagué ha venido en aumento las denuncias penales contra periodistas. EL NUEVO DÍA afronta cinco procesos por injuria y calumnia relacionados por notas de investigación. “Las denuncias penales lo que hacen es desincentivar el oficio y se traduce en que, si a un periodista lo procesan penalmente en el ejercicio del periodismo, seguramente lo va a pensar dos veces en volver hacer una segunda por lo que implica un proceso penal porque es engorroso, implica el embargo de bienes y hasta la condena y la pena privativa de la libertad por eso es tan grave en este caso”, sostiene Giraldo.

De acuerdo con el profesional, la injuria y la calumnia están generando muchos problemas en el país en términos de libertad de prensa y ejercicio del periodismo ya que es usada por políticos, candidatos y contratistas para intentar dialogar con los medios o refutar lo que dicen. Además, que generalmente es una excusa para las personas ir contra el medio una vez consigan la condena del periodista saben que pueden ir por la responsabilidad del medio de comunicación. “A veces la condena penal contra el periodista es una excusa para cosas que van a hacer después.

Pero no lo podemos saber porque ha habido muy pocas condenas, pero generalmente siempre van a ir contra el medio, para ellos es tan importante decir cuánta indemnización quieren porque el periodista nunca va a poder pagar, la denuncia penal se les vuelve una excusa para otras cosas que quieren hacer”. No obstante, existe otro escenario que no es el económico y es lograr el desprestigio del medio y del periodista que en últimas termina afectando gravemente el derecho de estar informado. “El caso de Jason creo que define un poco la disputa entre las partes del caso, para muchos quien denuncia asume una bandera de que está corrigiendo a un periodista que está salvando a la sociedad de que esté bien informada y lo que no se está dando cuenta y lo que va hacer esa denuncia es que ese periodista no vuelva hablar, ese y sus compañeros quienes lo conocen.Y esto lo que nos pone en el punto es que estos casos de libertad de expresión no solo son exclusivos de los periodistas, el mensaje que siempre hacemos en la Flip es que lo que le sucede a los periodistas le puede terminar sucediendo a otras personas.

No solo como audiencia y a medios de la ciudad donde todos sus periodistas están denunciados penalmente y ya no quieren informar por temor a equivocarse y entonces informan lo simple, lo más fácil sin tenerse que meter tanto a las investigaciones y la sociedad totalmente desinformada”. De acuerdo con el vocero de la Flip “en términos generales diferentes cortes han reconocido que se puede cometer un error en la reportería o en lo que sé, y en ese sentido la misma Constitución Política estableció la rectificación porque la sociedad colombiana ha entendido que los periodistas se pueden equivocar y por eso los ciudadanos que quedan desinformados por un error pueden rectificar, lo que no es admisible es que por un error haya una condena penal”, argumenta Camilo Giraldo.

 

 

Aporte comunicacional:

Publicada por: REDACCIÓN EL NUEVO DÍA

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