Controlar y castigar las voces ciudadanas independientes

URUGUAY | OPINIÓN Por Eduardo Gudynas – Días atrás, en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri echó del país a un par de activistas ciudadanos que criticaban los tratados de libre comercio y que esperaban participar de reuniones alrededor de la Organización Mundial de Comercio.

Además, impidió la entrada al país o a esa cumbre a más de 50 personas provenientes de los movimientos sociales (1). Más o menos al mismo tiempo, en Bolivia se está estrangulando a una organización de la sociedad civil. Y al tiempo que en Buenos Aires se justificaban aquellas expulsiones sosteniendo que los deportados eran radicales “disruptivos”, en Bolivia se dice que la ONG en cuestión es de derecha por defender los derechos humanos y a la Naturaleza.

Estos y otros casos son ejemplos de la ambigüedad conceptual que se extiende por América Latina. Ideas e ideologías pierden sus significados y se convierten, poco a poco, en meras armas que usa el poder para justificar sus actos. Estamos rodeados de ejemplos.

Desde una postura ideológica, en Argentina, Macri recorta las jubilaciones pero dice que se incrementarán (2). Desde la otra, en Uruguay, el tercer gobierno del Frente Amplio usa el slogan de proteger la tierra y a quienes la trabajan, pero en los últimos años se vendieron 8 millones de hectáreas, la mayor parte a extranjeros, se perdieron más de 8 mil agricultores familiares (la caída más alta desde que hay registros) y acaban de aprobar 12 variedades transgénicas (3).

Entre todo ese entrevero, uno de los objetivos predilectos de los ataques gubernamentales son los grupos independientes de la sociedad civil, especialmente los que denuncian la explotación de la Naturaleza y de las personas.

En los países con gobiernos conservadores esos grupos son denunciados como izquierda radical, y bajo los gobiernos progresistas se dice que son de derechas, descafeinados o infantiles. Se repite el hostigamiento y sólo cambian los términos utilizados. Por ejemplo, en Perú, las administraciones conservadoras llaman a varias ONGs y los militantes que denuncian los derrames petroleros o la contaminación minera por metales pesados, como radicales izquierdistas, comunistas o etiquetas por el estilo.

Entre los países progresistas se puede citar uno de los casos más recientes, donde se acusa de ser parte de la derecha a una organización ciudadana que también aborda los derechos humanos y las cuestiones ambientales y territoriales (4). Esto ocurre con el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) de la ciudad de Cochabamba, recibiendo otra vez los ataques más duros en una dinámica que no cesa y que revela, posiblemente, algunas de las contradicciones más oscuras en las que se puede caer.

No es sencillo reconocer las contradicciones en aquellas posturas políticas que uno apoya. Por el contrario, siempre es más sencillos que los conservadores las encuentran en la oposición política y los progresismos las denuncien ante todos sus adversarios. Es necesario superar esas limitaciones, y debe hacerse desde el compromiso con los derechos de las personas y la naturaleza. Muchos grupos y militantes en el corazón de los movimientos sociales están mostrando el camino.

Contradicciones entre izquierda y progresismo

Desde esa perspectiva, la repetida embestida contra CEDIB en Bolivia ilustra varias facetas de esa problemática y merece ser comentada otra vez. Toda esa situación muestra la creciente divergencia entre el proyecto original de la izquierda y los progresismos realmente gobernantes.

Esa diferenciación produce un abanico de contradicciones. La primera resulta en que ahora se ataca a un grupo ciudadano comprometido con los derechos humanos, aunque la defensa de esos derechos era precisamente una de las banderas de la izquierda popular a inicios de los años 2000. Una segunda resulta en que los progresismos tratan de acallar a las voces críticas y son muy poco tolerantes con los que les indican sus errores. Pero aquella izquierda de años atrás sólo pudo construirse desde su propia postura contestaria. En tercer lugar, se silencian o atacan algunas de las posiciones y saberes indígenas y campesinos, especialmente cuando alertan sobre los duros impactos de los extractivismos. También en ese terreno, las voces campesinas e indígenas aseguraron el empujón electoral inicial que permitió ganar el gobierno.

Entonces, el ataque que se mantiene sobre CEDIB en Bolivia no es solamente una guerrita contra una ONG, sino que sólo puede entenderse bajo esas contradicciones. Si se persistiera en el programa inicial de aquella izquierda, que intentaba ser plural, respetuosa y comprometida con los derechos y los movimientos sociales, serían inconcebibles los ataques a las organizaciones ciudadanas. Pero con el paso del tiempo esa izquierda se convirtió en progresismo, y esa mutación reforzó un desarrollismo clásico, obsesionado con los extractivismos para mantener las cuentas públicas y que no toleraba las críticas. Se invisibilizan los impactos y costos sociales y ambientales, se festejan los indicadores macroeconómicos, se invoca a la Pacha Mama pero se la contamina, y se ahonda la brecha con movimientos indígenas y campesinos. La consecuencia inevitable fue el hostigamiento a las organizaciones ciudadanas independientes.

Por lo tanto, no es que grupos como CEDIB sean de “derecha”, como dice el vicepresidente, sino que son atacados precisamente por ser fieles a aquella izquierda en su sentido original, y no progresistas como se practica en la actualidad.

El escarmiento

A lo largo de los últimos años, CEDIB ha padecido todas las consecuencias de esa deriva progresista. Se los cuestionó desde los discursos gubernamentales y desde los medios de prensa afines. Se amenazó con exilarlos o clausurarlos. Todo ello es posible en un ambiente donde los conceptos se desenganchan de sus significados, y lo hacen de modos que asombran. Entonces un viceministro de “autonomías” dice que las organizaciones ciudadanas no tienen autonomía para cuestionar la estrategia de desarrollo gubernamental, o un encargado de temas ambientales afirmaba que se busca salir de la dependencia extractivista cuando las medidas concretas que se tomaron las acentúan (5).

Bajo las ambigüedades y disoluciones en el marco de los derechos muchas cosas se vuelven posibles, y basta observar lo que sucede en los países vecinos. Por ejemplo, el gobierno Macri en Argentina dice estar asegurando una recuperación democrática pero a la vez embiste contra los indígenas mapuches y tolera un nuevo racismo.

Esas posturas se replican y reproducen desde otros espacios, y lo que bajo condiciones de normalidad difícilmente se concretaría por intolerable y desproporcionado, encuentra ahora un campo fértil para expresarse. Siguiendo con el caso boliviano, pocos meses atrás el rector de la universidad local logró echar a CEDIB del local que usaba desde hace treinta años. En otras universidades habrían operado necesarios contrapesos, y se le recordaría al rector que un centro universitario estaría interesado en lo opuesto, en aumentar sus relaciones con uno de los archivos bibliográficos más grandes del propio país. El costo de aquella medida en la imagen en el mundo académico internacional fue muy alto (el debate no estaba puesto en un logro educativo o científico, sino en que se echaba a una pequeña ONG). El rector reconquistó los salones, pero el hostigamiento no se detuvo, y ahora se sumó una demanda que congeló el acceso a las cuentas bancarias de CEDIB. Entonces la disputa no parece estar centrada en los salones sino que apuntó a estrangular financieramente a un grupo ciudadano (6).

Estamos ante una avalancha, en cámara lenta, de medidas que buscan sepultar a CEDIB. Algo así como un vigilar y controlar. A los que persisten en su trabajo independiente se les castigará, pero además se deja en claro a otros que si son tan atrevidos como para continuar, habrá un escarmiento.

Ese instrumento, el escarmiento, aparece tanto desde los flancos conservadores como progresistas. Es una de las contradicciones que es necesario reconocer y analizar, y desde ya aprender a elaborar antídotos para no repetir esos extremos. Es que una verdadera izquierda no puede obsesionarse con las revanchas.

Notas

1. Conferencia de la OMC: el gobierno argentino deporta a una periodista británica y a un activista noruego. Nodal, B. Aires, 9 diciembre 2017.

2. Macri insiste con la reforma previsional. Ahora quiere hacer creer que las jubilaciones subirán. Página 12, B. Aires, 6 diciembre 2017.

3. Crisis en el agro: hay 8 mil productores familiares menos que hace 16 años. El Observador, Montevideo, 21 diciembre 2017.

4. García Linera tilda al CEDIB de “ONG de derecha” y este lo denuncia por linchamiento público, Opinión, Cochabamba, 12 diciembre 2017. 5. Siles a ONG que no se adecuaron a ley 351: “cometieron desacato y hay consecuencias”. Agencia de Noticias Fides, La Paz, 6 diciembre 2017. “Estamos en transición del extractivismo al Vivir Bien”, entrevista a D. Pacheco, Página Siete, La Paz, 6 diciembre 2015.

6. Ante el nuevo empuje contra CEDIB se han lanzado varias campañas nacionales e internacionales. Amnistía Internacional tiene en marcha una acción urgente, distintas personalidades y grupos han adherido a una nota de apoyo, y más recientemente, más de 40 instituciones y redes reclamaron respetar los derechos del centro. Entre las adhesiones están la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), dos redes continentales enfocadas en temas de ambiente y de minería, seis instituciones especializadas en temas de derechos humanos, incluyendo las coordinadoras de Perú y Ecuador, y el SERPAJ de Argentina, junto a grupos e instituciones de 13 países latinoamericanos.

Eduardo Gudynas es investigador en temas de ambiente y desarrollo. Una primera versión de este artículo se publicó en Página Siete, La Paz (Bolivia), el 17 de diciembre de 2017; y la versión completa en Rebelión, el 22 de diciembre 2017.

 

Autor: @EGudynas

Tomado desde: Ambiental.Net

Uruguay

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