Catatumbo: el terror invisible para el Estado colombiano

VENEZUELA | Por: Jorge Forero* – La denuncia: El 11 de febrero de 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Frente Fronterizo por la Paz (FFP), hizo circular por las redes sociales y por algunos medios de comunicación electrónicos, una denuncia pública en la cual se expone la gravedad de la situación de desplazamiento forzoso de campesinos del Catatumbo colombiano hacia territorio venezolano, a su vez que realizaba una exhortación a los organismos competentes para atender la crisis.

De acuerdo con los primeros informes realizados en el territorio por el mencionado movimiento social, la situación de desplazamiento masivo se produjo por la presencia explícita de un grupo de hombres armados en las localidades de La Cooperativa, Bella Vista y Caño Tomás (corregimiento de La Gabarra),  quienes “autodenominándose como paramilitares realizaron acciones intimidatorias contra la población (…) los días 9 y 10 de febrero de los corrientes”

Boletin n.1. – 17 de febrero de 2017. Comisión de Verificación Solidaridad con el Catatumbo. Disponible en: http://rebelion.org/noticia.php?id=223127 .

Las controversias:

La denuncia de desplazamiento forzoso desde la región del Catatumbo colombiano hacia Venezuela, ha producido en los días recientes, nuevas controversias entre los países involucrados. La situación se ha convertido en el centro de polémicas “diplomáticas”, y de versiones encontradas en torno a la llegada a Venezuela –específicamente al municipio Jesús María Semprum del estado Zulia-, de centenares de campesinos víctimas de desplazamiento forzoso ocasionado por la intimidación de grupos paramilitares.

Ante tal circunstancia, voceros del Estado colombiano se han dedicado a desestimar e incluso cuestionar las graves denuncias emitidas en torno a la situación en la zona. En una nota de prensa del diario El Tiempo de Bogotá del 14 de febrero de 2017, el Ministro de Defensa de Colombia dijo que: “No hay amenazas de seguridad ni desplazamientos en el Catatumbo”.

Posteriormente, el 17 de febrero, el diario El Espectador publica una noticia que expone una declaración de María Ángela Holguín (Canciller de Colombia), en la cual la alta funcionaria manifestó que: “Colombia aún no sabe si campesinos se tuvieron que desplazar a Venezuela”.

Más recientemente, el gobierno de Colombia anunció la emisión de una nota diplomática enviada desde su cancillería al gobierno de Venezuela, en la cual afirma que “La delegación encabezada por la cónsul colombiana en San Carlos (estado de Zulia) después de dialogar con toda la gente de la zona no encontró ningún desplazado reciente desde Colombia

“Gobierno pide claridad a Venezuela sobre supuestos desplazados”. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-dice-que-no-hay-desplazados-de-colombia-en-venezuela/16824472 “.

Por otra parte, desde el gobierno de Venezuela se han llevado a cabo diversos pronunciamientos, entre los que se incluye el realizado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 12 de febrero en su programa dominical, escenario en el cual el mandatario nacional emitió un alerta ante la situación humanitaria, y una exhortación al Estado colombiano para que actúe en defensa de los derechos humanos de las víctimas. Asimismo, el presidente Maduro afirmó que el gobierno de Venezuela garantizaría la atención humanitaria de las víctimas, mediante el despliegue de sus organismos competentes.

La situación denunciada derivó en la movilización inmediata de diversos organismos internacionales que hicieron presencia en el territorio, tales como la  Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Cruz Roja Internacional, y el Consejo Noruego para Refugiados. De igual manera, agencias del gobierno venezolano encabezadas por la Comisión Nacional de Refugiados y la Defensoría del Pueblo hicieron acto de presencia en la zona.

Uno de esos organismos, nada más y nada menos que la ACNUR, publicó en su página oficial un pronunciamiento oficial en el que corrobora la crisis dada por el desplazamiento forzoso de campesinos colombianos desde el Corregimiento de La Gabarra, departamento Norte de Santander; hasta El Cruce, localidad del municipio Jesús María Semprum en el estado Zulia

ACNUR: Respuesta humanitaria ante llegada de personas en necesidad de protección internacional provenientes del Catatumbo colombiano al estado Zulia. Disponible en: http://www.acnur.org/noticias/noticia/respuesta-humanitaria-ante-llegada-de-personas-en-necesidad-de-proteccion-internacional-provenientes-del-catatumbo-colombiano-al-estado-zulia/ .

Los antecedentes: ¿Qué nos dice la Historia?

La del Catatumbo colombiano es una de las regiones más castigadas por la guerra en Colombia durante las últimas décadas. De acuerdo con cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los índices de victimización en la zona alcanza a más de cincuenta mil habitantes, aproximadamente el 18% de la población (es decir, una de cada cinco personas ha sido víctima de violencia directa en el marco del conflicto).

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia, entre 1980 y 2013 ocurrieron en el Catatumbo más de 66 masacres y alrededor de 120.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzoso, lo que implicaría que el 42% de la población de esa región ha sido desplazada por la violencia en algún momento durante las últimas tres décadas.

Una investigación independiente, presentada en el informe del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, los paramilitares del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, asesinaron a por los menos 11.200 personas; desplazaron a más de 19.000 familias, entre 1998 y 2005, y cometieron 60 masacres

“Paramilitarismo y palma en el Catatumbo”. Disponible en:

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/paramilitarismo-y-palma-el-catatumbo-articulo-330074 .

¿Acaso no hay motivos suficientes para creer que la población campesina del Catatumbo tiene suficientes razones para sentirse intimidados y aterrorizados ante la presencia de nuevos grupos paramilitares?

¿Los desmembramientos de seres humanos con motosierras y hachas, así como los hornos donde los paramilitares quemaron personas vivas no serán expresiones de terror que motiven el desplazamiento forzoso?

Terrorismo de Estado

El agravante de las cifras expuestas, radica en que está comprobada la participación –por acción directa, por cooperación, o por omisión- del Estado colombiano a través de sus Fuerzas Armadas en gran parte de esas las acciones violentas ejecutadas por los grupos paramilitares hacia la población.

Solo por citar un caso, se menciona la masacre de La Gabarra en 1999, cuyas sentencias en tribunales nacionales e internacionales obligaron al Estado colombiano a pedir perdón públicamente a las víctimas

“Ejército pidió perdón por masacre en La Gabarra”, Disponible en: http://www.laopinion.com.co/ej-rcito-pidi-perd-n-por-masacre-en-la-gabarra-47554#ATHS . A pesar de estos logros en la lucha por la justicia, la verdad es que la impunidad ha sido uno de los factores que ha re-victimizado a la población en ese región.

Si hay algo cierto en este escenario de controversias, es que la población del Catatumbo ha sido víctima de Terrorismo de Estado. Está comprobado, e incluso existen sentencias judiciales que así lo suscriben, que Generales de las FF.AA. de Colombia coordinaron con comandantes paramilitares: masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos de población civil.

También está comprobado que la fuerza pública de ese país, cooperó a través de inteligencia y operaciones de retaguardia con las AUC. Incluso, hay pruebas de casos en los cuales, soldados profesionales vistieron con la indumentaria de las AUC, y perpetraron los crímenes atroces contra población civil.

El terror invisible, el drama no se transmite

Las masacres y demás atrocidades cometidas por el paramilitarismo en su alianza macabra con el Estado, también fueron negadas en su momento por los voceros del Estado colombiano.

El poder ejecutivo, el Congreso de la República (salvo honrosas excepciones de diputados y senadores cuyas voces fueron desestimadas), la Fiscalía General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo, negaron la terrible situación que se vivía en el Catatumbo, e incluso llegaron al punto de estigmatizar a los líderes sociales y defensores de DD.HH. que denunciaron el terror paramilitar. Por su parte, y en consonancia directa, los grandes medios de comunicación colombianos también guardaron un silencio cómplice.

Los cuales se han dedicado a realizar transmisiones especiales y reportajes de “investigación” en Cúcuta, la capital del departamento del Norte de Santander, pero no precisamente sobre el desplazamiento forzoso (sería fácil para ellos negar los hechos si fueran falsos), sino para hablar sobre problemas históricos de la región, tales como la inseguridad, para concluir con una línea editorial uniforme en la que la migración de origen venezolano es la culpable de todos los males de Cúcuta y su área metropolitana, y por extensión la revolución bolivariana es una amenaza para toda Colombia.

La historia se repite: las víctimas invisibles del Estado colombiano

Ante éstas escandalosas y escalofriantes cifras que nos muestra la historia, y ante un contexto signado por la violencia y el terrorismo de Estado a gran escala, lo mínimo que debería hacer el Estado colombiano –más si se considera que está en pleno desarrollo la implementación de los acuerdos de La Habana-, es realizar un tratamiento responsable y riguroso del tema, ofrecer de manera oportuna y respetuosa el apoyo a las acciones del gobierno de Venezuela, y por supuesto, llevar a cabo un despliegue de sus instituciones en el territorio colombiano, y de su personal diplomático en territorio venezolano (y si tiene dudas, que las esclarezca en el terreno de manera oportuna).

Sin embargo, la respuesta ha sido la evasión del problema, la negación de la presencia paramilitar, y en el mejor de los casos -cuando se ha pronunciado-, llegar al extremo de cuestionar la veracidad de las denuncias de manera irresponsable.

El Estado colombiano, por una cuestión de semántica, prefiere evadir las graves denuncias de presencia paramilitar; negar la situación de intimidación y el desplazamiento forzoso de centenares de campesinos (en un primer momento negó rotundamente el desplazamiento forzoso y después para edulcorar la crisis, afirmó de manera inconsistente y aislada, que si hubo desplazamiento pero “inter-veredal” de unas cincuenta familias).

Las autoridades de Colombia prefieren la osadía de poner en entredicho un informe de la ACNUR, organismo multilateral que incluso en las circunstancias más complejas ha demostrado objetividad y rigor en sus reportes e informes. De igual manera ha negado la legitimidad del testimonio de decenas de organizaciones no gubernamentales que conforman la Comisión de Verificación Solidaridad con el Catatumbo, quienes han suscrito diversos boletines.

El gobierno de Colombia en su concepción posmoderna y corporativa de la política, piensa que haciendo invisible la crisis ante los grandes medios de comunicación de ese país, la situación pasará de moda y podrá superar este impasse.

El gobierno colombiano en su visión cínica y soberbia  (entiéndase oligárquica) de la política, de las relaciones internacionales, y de la obligatoriedad de atención a sus connacionales en situaciones de crisis, prefirió remitir un comunicado irrespetuoso hacia las víctimas, pero también hacia Venezuela, pues insinúa que el gobierno nacional de Venezuela, y actores regionales como los gobernadores del Zulia y del Táchira

“La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, calificó las declaraciones del gobernador del Táchira como rumores y aseguró que los desplazamientos solo se dieron en el departamento del Norte de Santander”  http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/vielma-mora-cuestiona-colombia-por-negar-movilizaciones-desplazados_81980 , se basan en rumores al denunciar la presencia de desplazados en la zona de frontera.

Acción deleznable en la que responde con una hostilidad, precisamente hacia el país que ha abierto las puertas a miles de ciudadanos colombianos en condición de refugiados, precisamente hacia la patria que ha denunciado (y atendido) la crisis de desplazamiento forzoso de febrero de 2017.

Lo más grave de ese comunicado, es que se sustenta en la visita oficial de la “delegación encabezada por la cónsul de San Carlos” (estado Zulia)

A unas dos horas en tránsito terrestre del lugar de llegada y refugio de los desplazados. , para la verificación de la situación, la cual se concretó el día sábado 18 de febrero: ¡Al menos una semana después del inicio de la crisis!

¿Acaso no llama la atención que la cancillería colombiana haya sido tan diligente en enviar su delegación al lugar de la crisis?

Apenas hasta la emisión de ese comunicado, el 20 de febrero, el gobierno de Colombia ha solicitado la creación de “una comisión binacional que visite estas zonas y que certifique de una vez por todas la veracidad de la información que viene circulando”. Tuvieron que pasar diez días para que el gobierno de Colombia solicitara la comisión de verificación.

Probablemente ese comunicado hostil tiene como finalidad una respuesta en el mismo tono por parte de Venezuela. Probablemente, la intención de las autoridades colombianas ha sido dilatar el problema y esperar que en caso de que se produzca la materialización de una comisión de verificación, las víctimas se dispersen y las cifras de desplazados se reduzcan.

Lo cierto del caso es que aún el 21 de febrero de 2017, en los refugios temporales de la localidad de El Estanquillo, municipio Jesús María Semprum, hay un número importante de seres humanos –especialmente provenientes de la vereda La Cooperativa, lugar donde se produjo la intimidación paramilitar- en condiciones de altísima vulnerabilidad social y con una situación psicológica que requiere atención profesional inmediata.

En otras localidades de la zona, hay decenas de familias dispersas que se han refugiado con familiares y amigos, pues la geografía y la guerra han hecho que la población de estas localidades haya construido una comunidad binacional.

Algunas de las familias han retornado a Colombia, gracias a la movilización y la acción oportuna de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos en el Catatumbo.

Todos ellos, gente humilde y desprotegida por su Estado (no es casual que hayan decidido cruzar la frontera y llegar a Venezuela), son testimonio, expresión y evidencia de la guerra atroz que se vive en Colombia. A las víctimas, invisibles para el establishment colombiano, toda nuestra solidaridad.

Desde nuestra condición de ciudadanos de la frontera colombo-venezolana, abogamos y seguiremos abogando por la paz con justicia social.

“El Orinoco y El Magdalena se abrazarán, entre canciones de selva, y tus niños y mis niñas le cantarán a la paz” Alí Primera.

Jorge Forero Corornel

*Profesor e Investigador
Correo electrónico: jorgeforero89@gmail.com

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Un comentario sobre “Catatumbo: el terror invisible para el Estado colombiano

  • el marzo 1, 2017 a las 10:59 pm
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    la nota que publicaste me fue demasiado util, voy a aprovecharla y mandarsela a un amigo por fb que estaba buscando lo mismo, muchas gracias por compàrtir la data 😀

Comentarios cerrados.