Presentan alarmantes cifras de feminicidios en Colombia

COLOMBIA | SICCI (Bogotá – DOM.07.FEB / Prensa ANNCOL) – La Confluencia de Mujeres para la Acción Pública y Alianza Nacional de Mujeres por una vida libre de violencias hace un llamado a poner fin a las violencias contra las mujeres en Colombia. Este año comienza con altas cifras de feminicidios, abusos policiales contra trabajadoras sexuales y casos de violencia en contra de las mujeres por parte de altos funcionarios públicos que deberían garantizar nuestros derechos.

Los hechos ocurridos en el primer mes del año permiten darse cuenta de la realidad del país, recientemente se vivió el lamentable caso de una mujer que falleció en la vía pública de la capital del país y su cuerpo fue dejado allí aproximadamente siete horas, y ante la respuesta de hecho de la comunidad a este acto de indignidad, rápidamente apareció el Esmad violando los derechos humanos de las personas que se encontraban en el lugar. Por otro lado se denuncia el vergonzoso caso de acoso sexual perpetrado por el funcionario que debería defender los derechos del pueblo colombiano y a este contexto se debe agregar los feminicidios en una cifra alarmante reportados a la fecha.

Los medios de comunicación buscan generar polémica sobre el defensor acosador señalándolo como una excepción al interior de las instituciones, cuando es claro que este es uno de tantos casos, producto de la violación a los derechos de las mujeres desde el Estado. Esta situación es la misma que provoca los feminicidios, que de igual forma son responsabilidad de estas instituciones, al ser una situación conocida y al tener el Estado el deber de garantizar una vida en libertad y en condiciones dignas.

En lo corrido del año 2016 se han presentado múltiples feminicidios en lugares como Chocó, Santander, Cundinamarca, Santa Marta, Cauca, Meta, Bogotá, Huila y Valle del Cauca en donde van 14 asesinatos contra mujeres en sólo 28 días. En todas las regiones los hechos ocurridos tienen como principal agresor a su compañero o excompañero sentimental además de tener antecedentes de denuncias no atendidas ante las autoridades competentes.

Se reclama respeto por los derechos de las mujeres y no considerar privadas las agresiones que las mujeres viven diariamente. Se exige justicia y medidas reparativas públicas por las agresiones sexuales y laborales a las que fue sometida Astrid Helena por parte de Jorge Armando Otálora. La renuncia a su cargo como Defensor del Pueblo no debe ser la única medida contemplada para este caso.

Además de esto, se inicia el 2016 con un aumento del salario mínimo insultante para los trabajadores colombianos y con la venta de una de las pocas empresas públicas que le quedan al país para priorizar la ganancia económica de particulares sobre los derechos sociales. A este panorama de explotación a las clases bajas se le carga el costo de las decisiones políticas de unos cuantos al anunciar el aumento de los impuestos que pagaran sólo las clases populares del país.

Todos estos hechos no están aislados unos de los otros, por el contrario expresan la indigna situación de falta de garantías de los derechos humanos desde el Gobierno, que por su parte sigue aumentando ganancias para quienes lo dirigen, mientras las personas mueren en la casa o en la calle víctimas de la inoperancia del Gbierno para defender los derechos y de su eficacia para violentarlos.

La política autoritaria del Estado colombiano, disfrazada en un discurso democrático y pacificador, se devela con sus acciones represivas, negligentes y agresoras con la sociedad colombiana, contradiciendo una supuesta voluntad de paz para el país, paz que evidentemente no puede darse en un contexto como el que se vive y que no va a modificarse con la dejación de armas de las insurgencias.

Es cada vez más clara la urgente necesidad de continuar movilizándose y organizándose como mujeres del pueblo ratificando las luchas y construyendo un país para la vida digna.

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